Por: Harley J. Mitchell Morán
Abogado Ambientalista
Foto: Pixabay
Como artículo inicial, procuraré demostrar el vínculo material y legal entre las tres premisas que titulan esta página, con el objeto que apreciemos cómo, tales temas revisten de importancia para el Estado al que todos pertenecemos.
La Constitución Política de nuestro país, establece como deber fundamental del Estado, la garantía de que vivamos en un ambiente sano y libre de contaminación. Continúa ordenando que en este sentido, el agua, el aire y los alimentos, satisfagan el desarrollo adecuado de la vida humana.
Este ambiente sano, no por ser una “garantía” estatal, está ajeno a nuestros esfuerzos individuales, por ejemplo, la misma Constitución establece que la salud es “un derecho y un deber del individuo”, es decir que todos, sin excepción, en la medida de nuestras posibilidades, estamos obligados a conservar y recuperar nuestra salud. Es como el cierre de un círculo: El Estado debe garantizar un ambiente sano, y dentro de éste, cada individuo, a la vez que reclama su derecho a la salud pública, al aire limpio, agua potable y alimentos seguros, como parte de la colectividad, tiene también el deber de ser saludable.
Por otro lado, aunque no seamos muy conscientes de ello, el desarrollo del deporte, según la misma Carta Magna, es otro deber del Estado, obligado al desarrollo de la cultura física mediante instituciones deportivas, de enseñanza y de recreación.
Dicho lo anterior, se desprende que la situación de nuestro ambiente y su vínculo con la salud y el deporte, es incumplido tanto por el Estado, como por la gran mayoría de los panameños. Vivimos en ciudades propensas a la contaminación, no tenemos costumbres ambientalmente sostenibles, y a pesar del crecimiento de una cultura física en Panamá, no menos cierto es que la mayoría de los panameños sufrimos de una verdadera epidemia de malestares causada en gran parte por falta de actividad física.
Junto a esta realidad, surgen los movimientos ciudadanos que con su ejemplo, suelen realizar actividades que en un principio, corresponden al Estado, existen activistas ambientales y deportivos, éstos no necesitan de un permiso estatal para manifestar su tema de interés. Estos, son quienes en la actualidad fomentan año tras año, una cultura integral de salud, que conlleva prácticas saludables individuales o a través de la iniciativa privada con el disfrute de áreas naturales, espacios abiertos, sitios reverdecidos, nuevos artilugios como jardines colgantes y el aprovechamiento de estructuras públicas con cara al mar, como en la ciudad, el Causeway y la Cinta Costera.
Lo anterior, va aparejado con la correcta disposición de los desechos, el reciclaje, el ahorro de agua y energía, utilizar el poder del mercado para marcar la preferencia por comidas saludables, ganando terreno a las frituras, golosinas y comidas procesadas que dañan nuestro organismo, además de ser, al momento de su consumo, algunos de los desechos más frecuentes que contaminan calles, espacios verdes, ríos y hasta océanos.
Estas iniciativas, por provechosas que sean, no deberían quedarse ahí, es preciso que la promoción ciudadana de la cultura de la salud, impulse al Estado, que tiene el poder de las instituciones y el poder de la Ley a cumplir su trabajo ordenado por la Constitución y así entretejiendo deberes y derechos ciudadanos con el deber de mantener un ambiente y un cuerpo saludable, podremos finalmente compartir con más personas los beneficios de la salud, dentro de un entorno saludable.
